Los transgénicos, introducidos a fines del siglo XX por la multinacional Monsanto y extendidos durante la presente década por la acción de grandes productores y empresas agrícolas argentinas, están directamente asociados con el uso abusivo de agrotóxicos de grave impacto contaminante del agua, los suelos, las plantas y los animales, y con incidencia sobre la salud humana.

La ecologista María Isabel Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), recuerda que la primera semilla transgénica que ingresó a Uruguay, en 1998, fue de soja.

“Ahí comienza el uso masivo de los agrotóxicos: glifosato, paraquat, endosulfán, todos altamente contaminantes y prohibidos en muchos países”, afirma.

En el 2003 llegó el maíz genéticamente modificado en dos variedades forrajeras y una dulce, para consumo humano.

La reglamentación sobre la introducción de transgénicos está enmarcada por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología —tratado internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados genéticamente—, vigente en Uruguay desde el 2003, pero todo lo referido al tema está inmerso en un mar de irregularidades. Las entidades oficiales encargadas de hacer cumplir las normas ambientales actúan sobre estos dos productos sólo en cuanto a su uso forrajero y nada dicen, en cambio, sobre el consumo humano del maíz dulce, que se vende al público desde el 2004 pese a no estar registrado por el Instituto Nacional de Semillas.

 Contaminación por polinización

 Cárcamo alerta sobre las dificultades que se plantean con el manejo de los transgénicos y, cuando se trata de maíz, por el tipo de polinización que realiza esta especie. Un estudio de la estatal Universidad de la República reveló que “tres de cada cinco casos con potencial riesgo de interpolinización —mezcla de polen de variedades diferentes— dieron como resultado la presencia de transgenes en la especie no genéticamente modificada”. Esto quiere decir que la vecindad de cultivos GM y no GM provoca contaminación cuando coinciden los tiempos de floración.

Tanto para los investigadores como para los ambientalistas esta realidad, mezcla del descontrol y de la problemática que plantea el manejo de los transgénicos, hace necesaria la apertura de un debate sobre la “coexistencia regulada” entre vegetales GM y no GM, reglamentada en el 2008.

Según la Red Amigos de la Tierra, la política de coexistencia regulada no toma en cuenta los eventuales impactos para la salud humana, las amenazas para el medio ambiente, la relación de los transgénicos con la agricultura tradicional, natural y orgánica y los mecanismos de información al consumidor, de ahí que ésta deba ser revisada.

Según la Red, en Uruguay se debe dar un debate sobre este tema, “porque hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil sólo fueron invitadas por las autoridades a presentar información por escrito, pero no a debatir opiniones”.

Proteger variedades criollas

En el oriente uruguayo, la Intendencia de Treinta y Tres —único departamento del país que cuenta con una Secretaría de Agroecología y Soberanía Alimentaria— conserva una gran variedad de semillas de maíz criollo que los productores cuidan de la contaminación con simiente GM.

En este departamento, tradicionalmente arrocero, la Dirección Nacional de Medio Ambiente asegura que no se ha introducido el maíz transgénico. A la vez, los propios productores de arroz se han negado a la siembra de semillas GM. De tal forma, Treinta y Tres está en condiciones de ser declarado zona libre de transgénicos.

A medida que se conocen los riesgos de la dupla transgénicos-agroquímicos, el tema gana a la sociedad. En Villa García, un poblado de las afueras de Montevideo, la capital, los Vecinos por una Tierra Libre de Transgénicos lograron en noviembre del 2009 detener la implantación de las semillas GM. Les preocupa la contaminación, pero también el tema laboral, “porque los transgénicos favorecen una forma de agronegocios que destruye a la producción familiar”.

Efectivamente, la producción familiar no transgénica se vuelve antieconómica ante la producción GM realizada en grandes extensiones de tierra y altamente tecnificada, lo que termina en el ahogo económico del pequeño productor y en el asedio de los grandes para que vendan sus parcelas, lo que finalmente hace que esas familias vendan sus pequeñas propiedades y emigren hacia las ciudades. En Palmitas, en el departamento sureño de Canelones, los vecinos han demandado a las autoridades que se dicte una norma que prohíba el uso de las semillas GM.

                                                                                            
RAP-AL insiste en proteger las semillas criollas siguiendo el ejemplo de Treinta y Tres, pero recuerda que “si bien lo que está en juego es la existencia misma del maíz criollo, también hay nuevas variedades de maíces transgénicos que están a la espera de ser aprobadas por las autoridades, y lo mismo sucede con otras no demandadas por los productores, como las simientes de arroz”.

El agrónomo Fernando Queirós Armand-Ugon cita un estudio realizado en el 2009 por el Comité de Investigación e Información Independiente sobre Ingeniería Genética de la Universidad de Caen, Francia, para recordar que “los alimentos GM no son saludables; cada vez que se consume cualquiera de las variedades de maíces transgénicos, los riñones y el hígado, los principales órganos que reaccionan ante una intoxicación química, tienen problemas”.

El experto destacó otro aspecto negativo de la política oficial en la materia, al señalar que en febrero de este año se autorizaron ensayos con cinco nuevas variedades de maíz transgénico. Queirós explicó que esas variedades, con modificaciones que les otorgan resistencia a insectos y a herbicidas, estarán disponibles para su cultivo en la próxima campaña agrícola (2011-2012).

Fuente: Noticias Aliadas