ZONA GRIS
 

 

GONZALO FERNÁNDEZ ABANDONA EL FA PARA NO SER INVESTIGADO
Andrés Capelán

“¡Faltaba más!
Vengan, compañeros, no hay problema ninguno, acá tienen todos los papeles, si precisan algo más me lo piden” –es lo que yo diría si perteneciera al Frente Amplio y alguien quisiera investigar mis procederes. Bueno, supongo que cualquier militante o dirigente honesto diría lo mismo ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Me explico: pongamos por caso que esto de mandar al Tribunal de Conducta Política es una jugada idem de ciertas organizaciones. Pensemos lo peor, supongamos por ejemplo que a esas organizaciones se les importa tres pepinos lo que hizo el Ave Negra, y que en realidad lo que están buscando es desprestigiarlo para que su mentor, el ex presidente Tabaré Vázquez (quien –dicho sea de paso– se ha desmarcado del asunto y no comenta nada) no pueda aspirar a una segunda presidencia (es un argumento muy retorcido y muy estúpido, pero es uno de los que andan por ahí). ¿Y qué? ¿Con eso qué? Si Fernández procedió correctamente, por más que lo revisen y lo investiguen no le van a encontrar nada.

Pero no, en lugar de bienvenir al Tribunal de Conducta Política, el tipo se ofende y se va del Frente Amplio, como diciendo: “las pelotas me van a investigar, manga de giles” (al menos así interpreto yo, que soy un bocasucia, esa actitud de Fernández). ¿Qué otra cosa puedo deducir que no sea la asunción de su culpabilidad? ¿Qué el tipo es un soberbio que se piensa que está “más allá del bien y el mal”? Si, también, además de lo otro, eso también.

Fuente: COMCOSUR

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VOTAN TRIBUNAL DE CONDUCTA POLÍTICA PARA EL AVE NEGRA

MPP, PCU, VA y CI votaron la moción.
Tribunal de Conducta del FA analizará derogación del Art. 76
Por mayoría. 15 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra


El Frente Amplio, a través de la Mesa Política, aprobó ayer por mayoría, pasar los informes y antecedentes referidos a la derogación del Artículo 76 de la Ley 2.230 que permitió la libertad a los Peirano, al Tribunal de Conducta Política. Al momento de la votación, se retiraron los representantes del Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista. El presidente Jorge Brovetto votó en contra.

Finalmente, la fuerza política tomó resolución sobre el proceso de estudio de la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230, que fue invocado por el juez para cerrar la causa de Dante, José y Jorge Peirano. Por mayoría, y con el peso mayoritario de las bases de Montevideo y el MPP, la Mesa del FA decidió pasar los antecedentes, sin emitir juicio alguno al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

Tras la elaboración de dos informes: uno en mayoría, firmado por todos los sectores y las bases del Interior, y otro en minoría, impulsado por las bases de Montevideo y Canelones, el organismo de conducción del FA abordó ayer el tema, y si bien hubo una propuesta para postergar su resolución, el mismo no obtuvo la mayoría, y finalmente se decidió expedirse. Con 15 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra (representantes de cuatro sectores se retiraron al momento de la votación) salió el pasaje de los antecedentes al Tribunal de Conducta.

Se entendió que en la definición del tema, la Mesa Política no podía actuar como juez y emitir juicio, por lo cual, por mayoría, y en función a la moción presentada por las bases de Montevideo, se decidió que sean los miembros de este tribunal (todos ellos personalidades del FA) los que fallen. El dictamen sobre si hubo responsabilidad o no en la derogación de este artículo se dará a conocer en un posterior Plenario Nacional (no el próximo del 12 de diciembre) el que será entregado en un sobre cerrado y leído ante los miembros del Pleno por el presidente del FA.

En determinado momento de la Mesa de ayer hubo una propuesta de postergar la resolución, a lo que fue pedido un cuarto intermedio. Finalmente primó la posición de fijar ayer mismo posición, por lo que tuvo gravitación la postura del MPP y de las bases de Montevideo. El argumento para el pasaje al Tribunal de Conducta es dotar de las garantías necesarias a los presuntos implicados, en un ámbito reservado, donde se puedan hacer los descargos suficientes. Este Tribunal ya cuenta con un legajo importante que son los dos informes elaborados por una comisión especial.

La Mesa Política está integrada por cerca de una treintena de miembros. Para el pasaje al tribunal de conducta, según los estatutos, no debía de contar con un tercio de votos en contra. Finalmente la moción tuvo 15 adhesiones. Cinco de ellos pertenecieron a las bases de Montevideo, 4 al MPP, y uno de Claveles Rojos, bases de Canelones, bases de Florida, Vertiente Artiguista, Partido Comunista y Corriente de Izquierda.

El presidente del FA, Jorge Brovetto votó en contra. Mientras que hubo tres abstenciones: un integrante de las bases de Canelones, uno de bases de Maldonado y el Fidel. Se retiraron al momento de la votación los representantes del Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista. Se aclaró que la moción aprobada ayer de enviar los antecedentes de la derogación del polémico artículo, no incluía ningún juicio de valor por parte de la fuerza política.

Marcelo Bustamante (La República )

 


 

EL FA TRAS LA RENUNCIA DE
GONZALO FERNÁNDEZ


Peligro de balcanización

ESCRITO POR: Samuel Blixen

 
FOTO: FERNÁNDEZ. O. BONILLA

 
 
El Frente Amplio expone una fuerte disputa interna. A la crisis de unidad de acción y de coherencia se suma ahora la crisis por los polos de influencia.
La renuncia de Gonzalo Fernández a su condición de adherente del Frente Amplio desató una nueva crisis interna en la coalición gobernante. Es por lo menos la segunda que provoca el antiguo secretario de la Presidencia, desde que se conoció su protagonismo en la aprobación de una ley que permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano, procesados a raíz del vaciamiento del Banco Montevideo.

 

Pero a diferencia de aquélla, en la que los líderes de la coalición debieron asumir –tras la defensa cerrada de Fernández– que éste había ocultado al Senado y a los dirigentes de la izquierda su condición de abogado defensor de uno de los implicados en la causa Peirano, la actual crisis parece tener su origen en las luchas intestinas que sacuden al fa; el episodio Fernández sería ahora un pretexto.

Todo comenzó el lunes 28 cuando la Mesa Política del Frente Amplio resolvió convocar al Tribunal de Conducta Política para que analice la actuación de Gonzalo Fernández. La eventualidad de un juicio de tales características ya había sido insinuada a comienzos de setiembre pasado, cuando la Mesa Política decidió instalar una comisión especial para analizar los pormenores políticos y éticos del episodio parlamentario y sus derivaciones.

De modo que ese extremo no era una novedad, más cuando la comisión especial concluyó su trabajo sin definirse en ningún sentido. La Mesa Política debía resolver, y así lo hizo, a pesar de la postura contraria de los representantes de Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, la Alianza Progresista y el Nuevo Espacio, que se retiraron antes de la votación al no prosperar una moción para postergar por una semana la decisión. La mayoría que resolvió pasar el caso al Tribunal de Conducta Política estuvo integrada por los delegados del Espacio 609 (mpp, pvp, Claveles Rojos), el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y diez de los 12 delegados de las bases. El presidente de la coalición, Jorge Brovetto, votó en contra, y se abstuvo el representante del Fidel.

DIFERENCIAS INTERNAS. La reacción tuvo una intensidad insospechada en la mañana del martes cuando los medios de comunicación comenzaron a desplegar los comentarios. Diferentes dirigentes socialistas acusaron a la mayoría de la Mesa de haber cometido un “avasallamiento” y de haber violado “los principios históricos de solidaridad”. El mismo martes por la tarde Gonzalo Fernández se entrevistó con Brovetto para anunciarle su “indeclinable renuncia al Frente Amplio”. En la carta que fundamentó su renuncia y la eliminación de su nombre de los padrones, Fernández comentó que sus convicciones políticas no se agotan, pero en cambio sí se agota su paciencia.

La carta de renuncia redobló los comentarios, los reproches y las acusaciones; de hecho quedó dibujada una especie de “línea Maginot”, trinchera detrás de la cual se abroquelaron los defensores del ex canciller, que monopolizaron los espacios mediáticos. El miércoles las diferencias internas del Frente no amenguaban en intensidad, aunque comenzaban a oírse voces que respaldaban la decisión de la Mesa Política. Representantes de las bases explicaron que la votación no podía postergarse porque existía un mandato expreso; “¿Acaso la paciencia de las bases no se agota?”, comentaron. El dirigente de la Vertiente Artiguista Daniel Bentancour calificó a Gonzalo Fernández como “un compañero que tiene una alta dosis de soberbia”; dijo que si el propio ex canciller hubiera pedido el Tribunal de Conducta Política, “hubiera ahorrado horas de reunión y varios dolores de cabeza a la fuerza política, pero estos reflejos no son para cualquiera”. El diputado del mpp Álvaro Vega calificó la renuncia de Fernández al Frente Amplio como una suerte de confesión: “Si me considero inocente no tengo problemas en ir a cualquier tribunal”, dijo. Consideró que la renuncia hace ahora inoperante la convocatoria del tribunal.

Sin embargo, los apoyos y cuestionamientos cortaron tangencialmente a todos los sectores de la coalición; se verificaron posiciones encontradas particularmente en el mpp, algunos de cuyos voceros discreparon abiertamente con el delegado del sector ante la Mesa Política. Mientras Jorge Moroni explicaba, en diversas entrevistas, la fundamentación de su voto para el pase del caso al tribunal, la senadora Lucía Topolansky decía sentirse sorprendida por la decisión de la Mesa, dado que creía que el tema había quedado cerrado tras la sesión del Senado que consideró los informes elaborados por una comisión investigadora. Otros senadores del sector, como Alberto Couriel y Ernesto Agazzi, discreparon con la óptica del diputado Vega, y abundaron en la honestidad del ex secretario de la Presidencia. Y el senador Rodolfo Nin Novoa se escandalizaba ante un argumento supuestamente esgrimido por algunos miembros de la comisión especial del fa: “Se cuestiona a Gonzalo por haber hablado con blancos. Entonces todos tendríamos que pasar a un tribunal de conducta”. La opinión era un tanto sesgada, porque lo que se le reprochó a Fernández fue haber hablado con parlamentarios blancos para impulsar la derogación del artículo 76, sin previa comunicación a los parlamentarios frenteamplistas; en todo caso, tal exposición del argumento da cuenta de la distorsión que se verifica en esta crisis interna.

DESPUÉS DEL ACUERDO. Un indicio de las corrientes subterráneas que sacuden al fa surgió el miércoles cuando el debate fue enriquecido con un elemento hasta entonces desconocido: la existencia de un acuerdo entre los parlamentarios de todos los sectores frenteamplistas por el cual la decisión del Senado que trató los informes de la investigadora concluía todo el caso. Como se recordará, con los votos del Frente Amplio el Senado descartó cualquier irregularidad en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, y pasó por alto los “olvidos” de Gonzalo Fernández sobre su vinculación personal y la de su estudio jurídico con el caso Peirano.

Ese supuesto acuerdo, no mencionado públicamente hasta ahora, instaló el tema de las contradicciones entre la bancada parlamentaria y la dirección del Frente Amplio. El publicista Esteban Valenti no tuvo empacho en calificar la decisión de enviar el caso de Gonzalo Fernández al Tribunal de Conducta Política como “la expresión más acabada de la crisis política, el penúltimo ejemplo del divorcio entre la estructura del fa, la política del partido y el pueblo frenteamplista. Que gente vote en la Mesa cosas cuyos senadores votaron de manera totalmente diferente en el Parlamento, es el colmo del colmo. Es la debacle política y la falta más elemental de coherencia”. Valenti parece no tener en cuenta lo que señalaron otros dirigentes: que la conducción de la fuerza política se desplazaría hacia afuera de los órganos de dirección.

¿Qué tipo de fractura está arriesgando el Frente Amplio al conducir hasta estos extremos el “caso Fernández”? ¿En qué medida el episodio Fernández explica y justifica los niveles de confrontación y división expuestos esta semana? Hay algunos argumentos que se reiteran: detrás del caso Fernández está la oculta intención de dañar la imagen de Tabaré Vázquez. Sólo que ahora los trascendidos y las “fuentes consultadas” son más explícitos: se trata –según informó El País– de una “movida emepepista a varias bandas, cambiar el eje del debate público que está centrado en la elevada conflictividad sindical y poner el foco en el ex secretario de la Presidencia; dañar la imagen de Tabaré Vázquez ante una eventual candidatura de un dirigente del mpp y fortalecer aun más su alianza con el pcu”.

A la vez, “fuentes del entorno de Gonzalo Fernández” sugieren la intención del presidente José Mujica de “abrazar al ex secretario de la Presidencia mientras lo mataba”. Mujica, que cuando explotó el escándalo tomó la iniciativa de trasladarse hasta la casa de Fernández para manifestarle su solidaridad, ahora reiteró el gesto declarando que sentía “dolor” por la decisión de la Mesa Política. Sugerir una “puñalada trapera” del presidente es incorporarlo a la supuesta “conspiración” del mpp contra Tabaré Vázquez. Los propios allegados del ex presidente manifiestan que Vázquez no se ha pronunciado respecto del episodio Fernández, ni dio ninguna señal que sugiriera alguna posición al respecto; sus allegados opinan que, en todo caso, el Frente Amplio demoró en tomar una resolución y que el ex secretario debería haber tomado la iniciativa de solicitar el Tribunal de Conducta Política.

La crisis interna expuesta esta semana sugiere que definitivamente se ha instalado una suerte de pulseada entre dos grandes fracciones del fa y que en esa controversia se está dispuesto a llegar a los extremos. Si la unidad de acción había quedado en cuestión con el tema de la ley interpretativa de la caducidad, y la coherencia interna se había resquebrajado en el debate sobre el presupuesto, ahora el caso Fernández instala otra suerte de contradicción: entre lo que resuelve la Mesa Política y lo que decide la bancada parlamentaria.

Una coalición está siempre expuesta a los tires y aflojes. E incluso a los desgajamientos. Lo insólito es que en la crisis actual ni siquiera es posible identificar qué fuerzas están de un lado y cuáles del otro. Más peligroso que las contradicciones es el desdibujamiento de los roles, que oscurece el porqué de aquellas contradicciones. Insensiblemente la fuerza progresista se desliza hacia una suerte de balcanización. 

 

Caso Fernández a la justicia

La investigación judicial en la que se denuncia al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, como eventual autor del delito de conjunción del interés personal y del público, se encuentra estancada a la espera de documentación oficial que no ha llegado a la sede que se encarga de casos del crimen organizado.

A pedido de la Fiscalía, el juez Jorge Díaz solicitó hace algunas semanas al Poder Legislativo las actuaciones de la comisión investigadora del Senado que trató el “asunto Fernández”. No obstante, las actas –que ya fueron divulgadas por la prensa y que están a disposición pública– aún no fueron remitidas por el Parlamento al Poder Judicial.

En el Plenario del Senado se argumentó que no era necesario que el cuerpo votara el pase de los antecedentes a la justicia, porque éstos ya habían sido enviados a la sede por la comisión investigadora. En los hechos, esto no ocurrió. Esta demora impedirá que, en los días que restan para terminar el año, el expediente avance significativamente.

Las fuentes del sistema judicial consultadas por Brecha entienden que ya no hay tiempo para cumplir con un cronograma de declaraciones imprescindibles y mucho menos para un pronunciamiento del Ministerio Público respecto del fondo del asunto. Por otra parte, tampoco ha llegado el testimonio del expediente judicial del caso Peirano. El expediente se encuentra desde hace meses en el Instituto Técnico Forense que debe realizar una pericia respecto de la maniobra del Banco Montevideo, especialmente sobre la participación de Juan Peirano.

Fuentes vinculadas al caso dijeron a Brecha que la pericia quedará pronta en los próximos días, y allí se enviará el expediente al juzgado de Díaz.

De llegar toda la documentación solicitada, es posible que se dispongan interrogatorios para el mes de febrero o marzo, señalaron a Brecha fuentes del sistema judicial. 

W P
Fuente:  BRECHA

 


 

Jueza pide desafuero
de Nin Novoa

Interna. Sectores cuestionan pasaje de ex secretario a tribunal de ética

 


P. MELÉNDREZ / E. BARRENECHE

Una jueza penal formalizó ayer el pedido de desafuero de Rodolfo Nin Novoa, el primero que se presenta contra un ex vicepresidente. En tanto, la situación de su abogado defensor, Gonzalo Fernández, desató una nueva crisis en la interna del FA.

 

Tanto Nin Novoa como Fernández están siendo investigados penalmente por hechos acontecidos en el gobierno de Tabaré Vázquez, donde el primero fue vicepresidente de la República y el segundo secretario de la Presidencia y luego canciller y ministro de Defensa.

 

Nin Novoa está siendo investigado por varias omisiones en sus declaraciones juradas, mientras que Fernández por su actuación en el proceso de derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso.

 

Sin embargo, a nivel político, el Frente Amplio (FA) ha adoptado posiciones diferentes en uno y otro caso: mientras que con Nin Novoa ha anunciado que no votará su desafuero en el Senado, en relación a Fernández los principales sectores de la coalición de izquierdas (MPP, PCU y las Bases) decidieron enviar el caso al Tribunal de Conducta Política.

 

Ayer, la jueza penal Fanny Canessa remitió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pedido de desafuero de Nin Novoa, cuyo procesamiento fue pedido el pasado 12 de noviembre por el fiscal Luis Bajac.

 

La jueza pidió, por primera vez en la historia, el desafuero de un ex vicepresidente de la República. En su resolución, Canessa rechazó un recurso presentado por la defensa de Nin Novoa que argumentó que no existen elementos para tramitar al desafuero del ex vicepresidente y actual senador.

 

Nin Novoa es defendido por Gonzalo Fernández, quien asumió el patrocinio legal del ex vicepresidente en lugar de la abogada Hebe Martínez Burlé.

 

En los próximos días, la SCJ enviará copia del expediente al Senado para que se pronuncie sobre el desafuero. Si el Senado mantiene los fueros parlamentarios al ex vicepresidente, la jueza Canessa no podrá citarlo, y por tanto la causa quedará pendiente de resolución a la espera de que Nin Novoa no renueve su banca.

 

Bajac acusa a Nin Novoa de haber cometido el delito de "falsificación ideológica por un particular por no haber dado cuenta, en su declaración jurada de 2007, de su participación en una sociedad rural que gestiona junto a dos de su hermanos. A su vez, también se detectaron irregularidades en cuanto a la declaración de embargos y deudas.

 

"DESCABELLADO".

El lunes 29 la Mesa Política del Frente Amplio resolvió pasar los antecedentes del caso Gonzalo Fernández a un Tribunal de Conducta Política. La moción, presentada por las Bases, fue aprobada por el MPP, Partido Comunista, Vertiente Artiguista y Corriente de Izquierda. Se retiraron de la sesión los delegados de Asamblea Uruguay, Lista 738 -que lidera Nin Novoa-, Frente de Izquierda de Liberación (Fidel) y el Partido Socialista, sector que integra Gonzalo Fernández. En contra del planteo de las Bases votaron el Nuevo Espacio y el presidente del FA, Jorge Brovetto.

 

Ayer, la senadora socialista Mónica Xavier dijo a El País que "es doloroso" que en el Frente "no existan" reglas preestablecidas. "Es fraternidad y son reglas de juego que siempre se respetaron. Y además el contenido. No es justo que cuando se llega a la conclusión de que lo que ha cometido Gonzalo Fernández pueden ser errores, sea llevado a un Tribunal de Conducta Política del FA", dijo.

 

Nin Novoa también salió en defensa de su abogado. Consideró que la decisión de la Mesa Política "fue un mamarracho. Estoy sorprendido. Si el argumento fue que hay que pasarlo al Tribunal de Conducta Política porque tuvo contactos con dos senadores de la oposición, tendré que cambiarme de banca. Me siento al lado de (Jorge) Larrañaga y vivo hablando con él; más que paupérrimo, ese argumento es descabellado y demencial".

 

A la hora 14 de ayer, mientras en la Asamblea General se efectuaba una sesión por los 30 años del plebiscito de 1980 (ver página A8), Nin Novoa recibió en su celular una llamada de Gonzalo Fernández. "Es una vergüenza lo de ayer en la Mesa", fue el primer comentario de Nin Novoa mientras caminaba por el hemiciclo.

 

A juicio de la senadora del MPP, Lucía Topolansky, "el asunto del artículo 76 de la Ley 2.230 quedó terminado con la comisión investigadora del Parlamento que trabajó con mucha seriedad. Y el punto final se dará cuando se expida la Suprema Corte de Justicia".

 

El senador del Frente Líber Seregni, Ramón Fonticella, admitió: "Me vi un poco sorprendido por la decisión de la Mesa Política del FA. El Tribunal de Ética va a saldar de manera más correcta este tema y Gonzalo Fernández no tendrá ningún inconveniente en probar su inocencia en situaciones que lo pueden complicar".

 

El senador del Espacio 609, Jorge Saravia, expresó a El País que "hay que respetar la decisión de la Mesa Política" y advirtió que ni este cuerpo ni la comisión investigadora son organismos que pueden enjuiciar a un dirigente del FA.

 

El diputado de la CAP-L, Carlos Gamou, señaló que, a título personal, tiene "confianza absoluta en Gonzalo Fernández. La CAP-L no integra la Mesa, pero si la integrara jamás levantaría la mano para enviar a Fernández a un Tribunal de Conducta Política".

 

Desde el Partido Comunista, el diputado Carlos Tutzó explicó a El País: "Nuestra posición fue enviar el caso a un Tribunal de Conducta Política. Es un órgano natural estatutario del FA y da garantías a todos".

 

Reacciones por el caso Fernández
"En el FA no hay reglas"

 

MÓNICA XAVIER

 

"El tema es la forma usada por la mayoría en la Mesa Política. Hubo un giro de algunos sectores políticos que nos sorprendió. Nos duele que en el Frente Amplio no existan reglas preestablecidas".

 

"Confianza absoluta"

 

Carlos Gamou

 

"Tenemos confianza absoluta en Gonzalo Fernández. La CAP-L no integra la Mesa, pero si la integrara jamás levantaría la mano para enviar a Fernández a un Tribunal de Conducta Política".

 

"No hay que dramatizar"

 

Óscar Groba

 

"No hay que dramatizar la situación. Se sabía que la Mesa Política no era un instrumento apto para hacer un juicio. No podíamos postergar más el tema porque los frenteamplistas reclamaban una resolución".

 

Caducidad: el frente político de Nin Novoa
Además del frente judicial, el senador de la Lista 738, Rodolfo Nin Novoa, enfrenta un frente político generado por su negativa a votar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que ya cuenta con la aprobación de Diputados.

 

La Mesa Política del FA había mandatado a sus legisladores a que votaran dicha iniciativa. Esta fue elaborada por una comisión conformada por delegados del gobierno y varios integrantes de la Mesa frenteamplista. Apenas fue votado el proyecto de ley por la Cámara de Representantes, los senadores Jorge Saravia (Espacio 609), Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L) y Nin Novoa señalaron que no lo apoyarían. Ello quita posibilidad de que el proyecto sea aprobado en el Senado.

El argumento central de los legisladores disidentes es que la ciudadanía se pronunció en dos oportunidades a favor de la ley de Caducidad y que ésta no puede ser anulada por un mecanismo de representación indirecta como lo es el Parlamento. El gobierno pretende que el Parlamento apruebe un projecto que anule los efectos de la Ley de Caducidad a fin de evitar una condena de la Corte Interamericana Derechos Humanos de la OEA por una demanda iniciada por la familia Gelman por la desaparición de María Claudia García.






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